Con la antigua Ley Universitaria 23733 y el control en manos de la Asamblea Nacional de Rectores, hubo mucha controversia, desmanes y serios desequilibrios en lo económico que llevaron al caos a la universidad peruana. Todo esto y más, unido a los cambios que fue experimentando el mundo y la gran influencia de éstos en la juventud estudiantil, y el deterioro de la autoridad universitaria, dieron como resultado el nacimiento de la nueva Ley 30220 que hoy la rige. Este cambio legislativo da un giro de 180 grados a la forma de organizarla, administrarla y supervisarla para que cumpla el objetivo primigenio de la profesionalización académica dentro de los cánones del saber y la justicia; exenta de la politiquería que no fuera, como se concibe en su esencia natural, el de brindar el conocimiento de credos y doctrinas políticas en general y, ¿por qué no? lineamientos y expectativas partidarias a manera de útil información para la toma de decisiones posteriores. La política partidaria que se instaló en las universidades copó todos los esfuerzos que tenían mejores expectativas en los jóvenes estudiantes universitarios, a quienes se les impuso conformar sus filas de adeptos para acceder a beneficios de todo tipo al interior del quehacer académico. De tal suerte, que se recuerda aún la dirección política partidaria que identificaba a cada universidad y sesgaba a los postulantes ante las convocatorias de admisión para lograr un cupo.

Era totalmente necesario revisar la ley fenecida y enmendar el rumbo hacia la verdadera profesionalización universitaria, como una necesaria y moderna reforma universitaria, dentro de los cánones de la investigación, la objetiva calidad académica, el esfuerzo personal y la responsabilidad social que marca en sus artículos la nueva Ley 30220, la misma que exige, para su cumplimiento, el licenciamiento que autorice su funcionamiento legal, para empezar.

El licenciamiento de las universidades evalúa el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que, entre otros requisitos, exige que se tenga un centro de investigación, una infraestructura adecuada, laboratorios, bibliotecas, una excelente plana docente, y que se haga seguimiento a los graduados. Es la ardua tarea en que aún se encuentran gran cantidad de universidades del país ante sólo 36 de ellas que han logrado su autorización de funcionamiento, estando ubicadas en la capital un gran porcentaje entre nacionales y privadas.

La nueva ley universitaria, Ley 30220, cuya vigencia data desde 2014 y aún continúa en el proceso de afianzarla en el país, con los requerimientos y exigencias que prometen darle un giro de considerable importancia; avanza en la posesión de su licenciatura y poder contar con la partida de un renacimiento esperado para enrumbar hacia el desarrollo integral que necesita nuestra Patria, capacitando a hombres y mujeres que cumplirán importante desempeño en las comunidades del país.

Si en 1918 con el llamado Grito de Córdoba en Argentina nace la protesta universitaria cansada del conservadurismo clerical existente y las demandas de autonomía, cogobierno y libertad de cátedra, en una lucha compartida con obreros e intelectuales de la época; ahora, a pocos meses de conmemorarse el centenario de esta égida; se procesa otro cambio importante para la universidad peruana erradicando el derroche personal de autoridades universitarias, descuido de la infraestructura, mobiliario y provisión de equipos de nueva tecnología; autoritarismo; indiscriminada creación de sedes o filiales sin presupuesto, entre otros vicios férreamente instalados.

“Ser una universidad licenciada brinda confianza, credibilidad y garantía a los estudiantes y les asegura que la institución cuenta con las mejores condiciones académicas, de infraestructura y de proyección laboral, para beneficio de los futuros profesionales”, señaló el doctor Mario Gutiérrez Olórtegui, rector de la Universidad Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), una de las primeras siete casas de estudios (de 142 que hay en el país) en contar con la licencia de la Sunedu. (Perú 21. Febrero,2018).

Cabe resaltar que el licenciamiento permite que el estudiante egresado se convierta en una opción elegible para las empresas privadas e instituciones públicas que solicitan personal.