Educación pública vs. educación privada (I)

También cuando hablamos de educación decimos lo siguiente: “invertir en educación”, “invertir en la formación profesional”...

  • Selva Morey Ríos
  • Docente principal de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP
  • selvamorey@hotmail.com

Parece ser que la palabra clave es INVERSIÓN, que en términos económicos equivale a apostar por algo que luego dará réditos en incremento del producto en que se invierta. La palabra sugiere siempre ganancias. Los economistas y administradores lo saben bien. También cuando hablamos de educación decimos lo siguiente: “invertir en educación”, “invertir en la formación profesional”. ¿Cuál será la ganancia en estos casos? En una megainversión, estaríamos hablando de la inversión estatal para la capacitación de niños y jóvenes de un país, en sus variadas formas de educación, hecho que propiciará capacitar para la vida al grueso poblacional de demanda educativa con miras a tener mejores ciudadanos que aporten al país.

En una inversión educativa privada, la que corresponde a los empresarios que invierten también para ganar; cuanta mayor inversión en infraestructura, equipamiento, mejores remuneraciones y condiciones laborales ofrezcan, se traducirá en demanda de los sectores privilegiados de la economía que pueden invertir en elevadas pensiones escolares para una mejor calidad en la enseñanza de sus hijos, con la expectativa de proseguir el estándar de vida que llevan u ocuparse de los negocios familiares a futuro. Estaríamos ante un fenómeno de discriminación de la calidad de la enseñanza.

Mientras la gran masa estudiantil opta por la educación pública, con sus deficiencias notorias en todas las áreas: infraestructura inadecuada, condiciones insalubres, docentes no actualizados, remuneraciones paupérrimas, incluyendo injusticias y maltratos, por factores socioeconómicos primordialmente; los niños y jóvenes afortunados reciben una formación educativa más exigente y por cierto, de mejor calidad. Existe, como en todo, excepciones a la regla, es decir, docentes preocupados, dedicados a la misión de formar personas útiles aún en las condiciones más adversas de su trabajo cotidiano; también, estudiantes responsables que desde tiernos años conocen el compromiso de crecer intelectualmente como única forma de prosperar y tener éxito en la vida; ambos pertenecientes a la escuela pública.

Un docente de escuela privada con una buena remuneración, puede solo dedicarse a ella y volcar todo su esfuerzo porque no hay mayores apremios que lo insten a buscar otros ingresos como sí ocurre con el docente de escuela pública, que debe correr todos los días, saltando de un trabajo a otro olvidando su cansancio y descuidando su retroalimentación académica, que hace mediocre su trabajo docente y en consecuencia lo ubica como no elegible para cualquier oportunidad laboral. Ambos forman a las generaciones con grandes diferencias en la calidad de la enseñanza-aprendizaje que imparten. ¿Cómo cambiar este orden de cosas? ¿Qué se necesita para mejorar la calidad de la enseñanza, sobre todo en la escuela pública que es la más requerida poblacionalmente? No hay recetas nuevas, siempre son las mismas, pero no asumidas por la problemática existente entre el sector educativo con los gobiernos de turno que desconocen o mejor, no quieren reconocer la importancia de la formación de los nuevos ciudadanos que deben, en su momento, tomar las riendas del país, de resultas que la formación integral de aulas públicas es del más bajo nivel, no competitivo a ultranza, cuyo testimonio está registrado en el ranking de la educación de los países latinoamericanos, donde el nuestro, infortunadamente, ocupa uno de los últimos lugares.

Esto a qué conduce. Indudablemente, a proseguir con el colonialismo mental de épocas pasadas, al sojuzgamiento permanente de nuestros ideales y expectativas, al retraso en la dinámica de vida actual, que trae consigo el conflicto, las luchas intestinas, la anarquía, el caos vivencial; caldo de cultivo de la delincuencia, donde la vida de las personas tiene precio, donde ya no se puede transitar libremente, ni manifestar opiniones, en suma: pérdida de la autonomía individual, risible e incongruente en un estado que se proclama democrático.