Los docentes de Educación Superior Universitaria nos encontramos en huelga.

La huelga es un derecho reconocido y establecido por nuestra Constitución Política (art. 28°). Con ella expresamos nuestras protestas y reclamos frente a las injusticias que se nos infieren burlando nuestras conquistas laborales.

Como es el caso de estos momentos; pues habiendo sido dispuesta la HOMOLOGACIÓN de nuestros haberes por la Ley 30220, nueva Ley Universitaria, promulgada en julio de 2014, respecto de las remuneraciones de los magistrados judiciales (art. 96: “Las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se homologan con las correspondientes a las de los magistrados judiciales”), hasta el momento, y pese al tiempo transcurrido y nuestras gestiones pertinentes, no se nos hace efectivo este derecho.

Cabe puntualizar que este derecho a la homologación ya fue reconocido y efectivizado al amparo de la Ley 23733 (art. 53°), precedente de la actual Ley Universitaria. Por ello es más incomprensible esta reticencia del Estado peruano a dar cumplimiento a sus propias disposiciones, pues la Ley 30220 fue sancionada por el poder legislativo y promulgada por el ejecutivo. Es decir, el Estado desacata su propia disposición. O dicho de otra manera: el Estado peruano burlándose de sí mismo.

Superficialmente mirado, este hecho (la negativa del Estado a dar cumplimiento a su propia disposición) podría significar una falta de voluntad política del Estado peruano para atender las demandas del magisterio universitario o carencias de disponibilidad presupuestaria; pero, puede ser que se deba a otras razones.

¿Cuáles podrían ser algunas de dichas razones?

Veamos, en modo especulativo, cuáles podrían ser.

Podríamos suponer que los funcionarios del Gobierno ignoren que los países que hoy ostentan la condición de desarrollados, la han logrado a partir de la educación, por cierto que no de cualquier educación, sino de una educación universitaria exprofesamente diseñada para generar el mejoramiento progresivo de la calidad de vida social, a partir de las cualidades inducidas a los profesionales en formación por un equipo de docentes plenamente motivado por condiciones estimulantes.

Podríamos conjeturar que desconozcan que para ello sus respectivos gobiernos destinaron grandes recursos en docencia, infraestructura, equipamiento, etc., pues tuvieron que reconocer una ley socioeconómica: a mejor educación, mayor desarrollo; no a la inversa.

Precisamente, es eso lo que reclamamos los docentes universitarios: oportunidad de contribuir, de mejor manera, al progreso de la calidad de vida de nuestro país. Poner nuestros mejores esfuerzos para generar condiciones que garanticen un indetenible proceso de mejor satisfacción de las necesidades sociales, que es lo que se llama desarrollo. Si hoy nuestro país presenta déficits en sus niveles de vida social es, precisamente, porque no está atendiendo adecuadamente a la formación de sus profesionales: en las áreas y características pertinentes. Cuanto más se restrinjan los parámetros de calidad pedagógica de nuestros futuros profesionales por motivos presupuestarios, menores posibilidades formativas tendremos los profesores universitarios para estimular ese enorme potencial que llevan los estudiantes a las aulas formativas.

En consecuencia, nuestra lucha no se circunscribe a mejorar nuestras remuneraciones que, por lo demás, es motivo de disposición de la ley vigente, sino que hemos asumido a plenitud nuestro reconocimiento de que los límites para nuestro desarrollo están definitivamente determinados por los linderos que la propia educación establece. Nunca el desarrollo de una sociedad podrá sobrepasar los límites de su propia educación. Otra ley socioeconómica que se quiere desconocer. En consecuencia, se necesita de una condición previa: mejorar la educación para generar desarrollo.

Querer desarrollarnos como sociedad, por lo tanto, exige transformar a la educación en el instrumento que, por lo demás, siempre se ha reconocido: sin educación pertinente nunca lograremos el anhelado desarrollo, en el sentido de crear condiciones propicias para generar oportunidades de desenvolvimiento de nuestras capacidades socioculturales y biopsicológicas. Los maestros universitarios somos conscientes de ello: sin una adecuada educación jamás tendremos el desarrollo que requerimos, pues el camino hacia él, necesariamente pasa por los fértiles campos de la calidad formativa.

Somos conscientes, también, de que tal y como se encuentra nuestra actual universidad, esta no es sino una entidad burocrática, repetitiva, ahistórica, sin mejores posibilidades de futuro, pero con un gran potencial de mejoramiento cualitativo que queremos activar en concordancia con los actuales momentos: regionales, nacionales y planetarios.

En consecuencia, nuestra lucha por la homologación, ya decretada en el más alto nivel legislativo, se explica por nuestro deseo de querer contribuir al desarrollo de nuestra región. Eso lo queremos, pero las condiciones en las que desempeñamos nuestras labores impiden que logremos ese propósito.

Unas reflexiones finales son necesarias en relación con este problema: ¿En verdad, el Estado peruano quiere y busca el desarrollo de nuestro país?

Tenemos un país maravilloso en cuanto a recursos naturales. La naturaleza, tanto en el nivel nacional como regional, nos ha dotado de todo cuanto podríamos necesitar para satisfacer las necesidades sociales. Pero, para ello, hay que transformar esa riqueza natural en riqueza social. ¿Cómo? Formando a nuestro potencial profesional con las características que posibiliten un óptimo uso de dichas materias primas para superar el extractivismo mercantilista de carácter exportador que hoy signa la actividad económica en nuestra región. Para ello se requiere diversificar nuestros procesos productivos formando a los nuevos profesionales en consonancia con dicho propósito.

Es esto a lo que queremos contribuir como responsables de la formación de los profesionales que requiere una renovada actividad socioeconómica y cultural.

Nuestra huelga tiene esa finalidad.

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