Responsabilidad social e infancia robada


  • Gladys M. Vásquez Pinedo
  • Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP
  • gvasquezpinedo@outlook.com

Históricamente la familia ha protegido a la niñez como grupo vulnerable y esperanza viva de la perpetuación de la especie humana. Las niñas estaban destinadas a ser creadoras de vida y las guerreras defensoras de la humanidad en la época del matriarcado, según las investigaciones de Lewis Morgan (1868), sobre la sociedad antigua y el estudio pionero del antropólogo Johann J. Bachofen (1815-1887), sobre la vida comunitaria del paleolítico hubo un estadio dominado por mujeres. Se podría considerar como la época de oro de las niñas. El poder ejercido por las mujeres garantizaba la protección de su integridad y el equilibrio de las fuerzas productivas. Se reemplazó el sacrificio de las vírgenes en honor a los dioses por los animales y mejores productos de la cosecha, que calmara la ira divina.

Friedrich Engels (1884), recoge estos antecedentes y lo plasma en su texto “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, describiendo el proceso de evolución de la humanidad y posterior dominio del patriarcado. Este sistema familiar delega a la mujer a una infracondición de sometimiento y exclusión de las decisiones políticas. El crecimiento de la productividad del trabajo y su división condujeron al surgimiento del intercambio y de la propiedad privada, a la destrucción del régimen gentilicio y a la formación de las clases sociales. Hecho que agudiza las contradicciones entre poseedores y desposeídos, por ende, la violencia ejercida desde el poder que comercializa la propiedad de seres humanos: la trata de personas, hoy penalizada y expandida al mercado negro.

Era un acto de barbarie y costumbre bélica que a los perdedores se los llevaran como esclavos, los niños y mujeres eran abusados sexualmente y esta figura también estuvo presente en las sociedades primitivas y estados organizados de América Latina. Los aztecas, los mayas y los incas del Perú eran sociedades patriarcales con un sistema político piramidal presidido, en el Imperio Incaico, por el inca, los sacerdotes y militares, que sometían a los pueblos vecinos para desarrollar sus grandes imperios con la mano de obra gratuita y el aprovechamiento de sus riquezas naturales. Las mujeres eran botín de guerra, tomadas con violencia y reducidas a la servidumbre junto con los niños o destinadas al trabajo del campo como parte de la base social y económica para llenar graneros reales.

Hoy que nos autodenominamos homo sapientissimus, el estadio inferior del salvajismo está presente en el seno del hogar, en la escuela, la universidad, el centro laboral, los medios de comunicación y las calles de nuestra comunidad civilizada con secuestros de niños y mujeres para comercializar sus órganos, abusarlos sexualmente o asesinarlos sin que la justicia le llegue a la ciudadanía marginada. El avance tecnológico con videojuegos y redes sociales como Facebook al servicio de la humanidad, son hoy los principales medios de captación de víctimas, sin que la ley los alcance.

¿Y nuestra responsabilidad social? ¿Hemos interiorizando la Doctrina de los Derechos de la Mujer o los Derechos del Niño y el Adolescente? Como sociedad civil organizada, ¿cómo intervenimos para evitar que nuestros niños tengan una infancia robada? ¿Contribuimos para que los niños estén todos desayunados? ¿Seguiremos contemplando con indiferencia la desaparición de nuestros niños? ¿Qué hacemos para reivindicar el mensaje de Jesús: Dejad que los niños vengan a mí?

El marco legal internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla de la libertad e igualdad en la que nacen los seres humanos y de su condición superior en dignidad y derechos, para convivir como hermanos. Pero la diamantina realidad nos devuelve a la inseguridad y al desamparo del Estado y sus poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Gobiernos Regionales y Municipios como órganos descentralizados de gestión pública, por la creciente ola delincuencial. Hay violencia y vidas cegadas cada instante, sin que se tomen decisiones efectivas que protejan la vida de niños y mujeres, los más expuestos, a causa de la ineficacia de gobernabilidad.

Aspiramos compartir los frutos de la tierra en fraternidad. Con una legislación que vele por la maternidad y la infancia, honrando el compromiso del 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea de las Naciones Unidas. El artículo 4° de la Declaración de los Derechos Humanos, prohíbe la esclavitud y servidumbre y el artículo 5° señala que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 2°, señala que toda persona tiene derecho: Inciso 1.- A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Como un mandato que el Estado debe ejecutar para fortalecer su identidad como nación. Con acierto y pertinencia afirma que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Y pensando en el interés superior del niño, el Ejecutivo ha propuesto la castración química para los que violan niños. Agregaría cadena perpetua y trabajar en la producción agrícola, minera y en la obra pública de infraestructura para indemnizar a las víctimas y cubrir el tratamiento psicológico para toda la familia.

Desde la educación institucionalizada debe impartirse temas sobre la sexualidad y los derechos humanos. La práctica de valores nace en el hogar y es un hábito de supervivencia, tanto para el alimento del cuerpo como del alma. Es una necesidad fisiológica y moral para evitar caer en el canibalismo marketero de una sociedad decadente y perversa digitada desde los imperios modernos que desatan guerras y arrasan pueblos por intereses económicos jamás saciados. Somos su fiel reflejo.