Al culminar la Segunda Guerra Mundial, luego del genocidio de pueblos enteros, recobrando su humanidad, los Estados soberanos se reunieron en Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, convocados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí el Perú suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, basada en los principios de la Revolución Francesa de 1789: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Asumida hoy por 195 países democráticos del mundo y que ha inspirado sus Constituciones Políticas.

“Los Estados son esclavos por la naturaleza de su Constitución o por el abuso de ella. Luego un pueblo es esclavo cuando el gobierno por su esencia o por sus vicios… usurpa los derechos del ciudadano”. El ejercicio democrático es una práctica ética y cotidiana de la ciudadanía en este mundo globalizado y el gobierno lo ejerce y controla el pueblo, en la concepción ideal.

El Estado peruano es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Tal como lo señala el artículo 43° de su Constitución Política, como también lo es, la defensa de los derechos fundamentales y la búsqueda del bien común como fin supremo. La realidad evidencia todo lo contrario.

Históricamente, hablar de democracia nos remite a las polis griegas, siendo Atenas el centro que convocaba a grandes asambleas populares para discutir la problemática de la ciudad y no obstante que las mujeres eran excluídas, había principios que se tenían que cumplir como:

* La separación de poderes con independencia en su ámbito de acción.
* El respeto por la diversidad de pensamiento y las convicciones del otro.
* La ejecución de procesos electorales limpios y transparentes con voto secreto.
* El Derecho a la igualdad de oportunidades para elegir y ser elegido libremente.
* El acceso a la información sobre los candidatos que compiten para ser autoridades.
* El respeto a las mayorías que ganan un proceso con inclusión de las minorías.

En esa perspectiva, si somos un Estado respetuoso de los tratados internacionales y las normas constitucionales, ¿cómo las fuerzas del orden reprimen violentamente las manifestaciones pacíficas autoconvocadas por los colectivos juveniles? Gente joven que protesta contra las mafias enquistadas en los poderes del Estado, ligadas a las corruptelas de Odebrecht, los Cuellos Blancos y el Club de la Construcción, que fungen de paladines en el combate contra la corrupción, esa lacra que nos sumergió en la crisis sanitaria, el hambre, la pobreza, la informalidad y el desempleo.

¿Qué tipo de democracia practica un gobierno que despliega su poder rociando gas pimienta sobre sus ciudadanos desde los helicópteros militares? Se cotiza en dólares cada bomba lacrimógena o los miles de perdigones disparados contra los manifestantes que salieron a las calles para demostrar su disconformidad con la actuación del Congreso mientras miles fallecieron por falta de medicina o de un balón de oxígeno festinada a precios exorbitantes por inescrupulosos comerciantes, que hoy se postulan a cargos públicos.

Esta demostración de poder y represión contra el pueblo desarmado, cuya participación política lo garantiza la Carta Magna, evidencia una gran debilidad de los que hoy detentan el poder y deslegitima un proceso de vacancia, basado en la delación de un “colaborador eficaz”, en el que el Ministerio Público debió cumplir los plazos e instancias pertinentes que sustenten la investigación preliminar que apenas se iniciaba, pues antecede a la investigación preparatoria con las diligencias urgentes e inaplazables destinadas a corroborar los hechos denunciados a fin de determinar su delictuosidad.

¿Dónde quedan los derechos sociales, económicos, políticos y culturales que nos diferencian de las demás especies vivientes y califica como superior? ¿Quién garantiza los derechos del pueblo y la sociedad civil organizada para ejercer la vigilancia ciudadana y la fiscalización permanente del Presupuesto General de la República exigiendo se priorice la inversión en Salud y el 6% en Educación? ¿Cuándo participaremos en la fiscalización del gasto público sin que tengamos que ser perseguidos por no someternos a un sistema sancionador y dictatorial? ¿Así se construye patria con un pasado de identidad histórica? ¿Somos realmente una nación que comparte su geografía, recursos naturales, costumbres, lenguas y cultura? ¿Somos respetuosos de la interculturalidad y los derechos humanos? ¿Cuán incluyentes somos? ¿Cuál es la productividad per cápita por familia con la promoción de un Estado inversor?

Urge construir un Proyecto Estratégico de Desarrollo Integral Nacional que vertebre nuestra visión y misión como Estado con soberanía económica, social y política, pues nuestras empresas estratégicas están en manos de extranjeros, el agua, la electricidad, el oro, el gas, el petróleo, la minería, los cielos del Perú, les pertenecen a capitales extranjeros. Los peruanos somos asalariados sin medios de producción y sin acceso a las herramientas tecnológicas que les posibiliten a las mayorías pobres del país y la región, desarrollar una educación de calidad a la que todos aspiramos. Educación que los organismos supranacionales se encargan de relegarnos a los últimos lugares en Matemática y Comprensión Lectora.

A esta juventud que proviene de familias que perdieron su capacidad de gasto, que pertenece a una sociedad intolerante, extraviada en el espacio y tiempo de las siete plagas inmolando al Egipto del Pentateuco, le EXIGIMOS permanente conectividad a las clases virtuales controladas desde el Ministerio de Educación para Educación Básica Regular(EBR) y la Dirección General de Educación Superior Universitaria, amén de los estándares y ratios exigidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), sin tener en cuenta que Loreto no cuenta con fibra óptica ni banda ancha que mejoraría el acceso a la internet. Los estudiantes de EBR, institutos superiores, técnicos o de la universidad, son hijos del pueblo y comparten una identidad común y vínculos profundos de amor por el terruño, las tradiciones e historia del Perú; que los lleva a forjar la más amplia UNIDAD con las fuerzas vivas que hoy exigen una palpable y real DEMOCRACIA creada y forjada por el poder popular.

Esa fe y esperanza en el cambio y la transformación social los lleva a levantar sus voces y luchar por sus ideales. Con un espíritu de lucha inquebrantable, superando su pobreza material y enriqueciéndose de la ciencia y la sabiduría popular impregnada de magia al entonar bucólicos cánticos de la infancia como SUENA EL MANGUARÉ o CRISTO POBRE que evoca una Navidad que el niño indigente de Belén o el chacarero de mi pueblo no disfruta, que el maestro Migdonio Hidalgo legara a la posteridad.

Una juventud pujante y contestataria liderada por estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) de todas las Facultades, que día a día debaten sobre política, educación o economía, cuestionando la falta de implementación de los centros y hospitales de salud, la indiferencia e ineficacia de los funcionarios de Educación o el alza de las tarifas eléctricas y a la par que se SOLIDARIZAN y se MOVILIZAN junto al pueblo, se buscan el pan del día.

Este es el escenario permanente de una sociedad en evolución… que exige solución a su problemática por ser CIUDADANOS DEL PERÚ, por ser hijos de Loreto y guardianes de tres fronteras de este gran país con gobernantes que entregan sus recursos naturales y su soberanía en grandes negociados. A todos hay que investigarlos y sancionarlos para que no se sigan premiando a traidores y genocidas como Óscar R. Benavides, Julio C. Arana o Alberto Fujimori artífice del tratado vende patria de Itamaraty (Brasil), que entregó Saramiriza y Pijuayal a los ecuatorianos el 26 de octubre de 1998, que el pueblo organizado en su Frente Patriótico de Loreto rechazó y declaró INEJECUTABLE. Ese tratado, le costó la vida a cinco loretanos, que protestaron entonces como lo hacen los jóvenes hoy en las calles de todo el territorio nacional. Al Estado no le interesó jamás, la DIGNIDAD de los peruanos.

Al amparo del artículo 1° de la Constitución Política del Perú que sentencia: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, la ciudadanía continuará movilizándose por sus derechos y combatiendo la corrupción a pesar de la represión.